La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, Bárbara Soler, ha comparecido en rueda de prensa para valorar el Decreto del Consell de 10 de diciembre de 2024 que regula el acceso a las viviendas del Plan VIVE y para advertir de que situaciones escandalosas como las ocurridas recientemente en Alicante “no pueden permitirse ni repetirse en Torrevieja”.
Soler ha señalado que, más allá de las investigaciones abiertas sobre los procesos de adjudicación, es necesario actuar sobre el origen del problema. “Si no se cambian los criterios del decreto, esto puede volver a ocurrir, porque el problema no es solo cómo se adjudican las viviendas, sino quién puede optar a ellas”, ha afirmado.
La portavoz socialista ha criticado que la normativa eleve el umbral de acceso hasta 6,5 veces el IPREM en 14 pagas, permitiendo que personas con ingresos anuales de hasta 54.000 euros, e incluso 66.000 euros en determinados casos, puedan beneficiarse de estas promociones. “Estamos hablando de unas rentas que nada tienen que ver con la realidad de la mayoría de vecinos y vecinas de Torrevieja que hoy no pueden acceder a una vivienda”, ha subrayado.
Otro de los aspectos que ha destacado Bárbara Soler es la falta de una protección permanente de las viviendas del Plan VIVE. “No tiene ningún sentido que viviendas construidas sobre suelo público y con ayudas públicas puedan descalificarse y pasar al mercado libre”, ha advertido, añadiendo que esta situación abre la puerta a la especulación. “Comprar barato con dinero público para vender caro en el futuro no es política de vivienda, es hacer negocio”.
Desde el Grupo Municipal Socialista alertan de que este modelo supone la pérdida de suelo público y agrava el problema estructural de acceso a la vivienda en el municipio. “Así no se soluciona el problema de la vivienda en Torrevieja, se empeora”, ha afirmado Soler.Por todo ello, el PSPV-PSOE de Torrevieja exige la modificación del Decreto del Plan VIVE para rebajar los límites de renta, garantizar que las viviendas protegidas se destinen a quienes realmente las necesitan y establecer la protección permanente de las mismas. “Es la única forma de asegurar que el suelo y los recursos públicos se utilicen con una finalidad social y no para beneficiar a unos pocos”, ha concluido la portavoz socialista.
