Los populares aseguraron que no hay ningún espacio municipal sin uso y los socialistas mostraron las respuestas emitidas por los técnicos del Ayuntamiento en relación con varios de ellos que demuestran que no existe proyecto alguno para los mismos 

Asimismo, el PSOE local apoyó la moción del PP para solicitar la terminación de las obras de compensación de la desaladora que ACUAMED, empresa estatal, tiene pendientes, si bien recordó que esta empresa “no es el Gobierno, por más que el PP insista en manipular a los ciudadanos”. 

El equipo de gobierno se quedó solo rechazando la propuesta para la rehabilitación urgente del patrimonio municipal, la protección del patrimonio histórico y la eliminación progresiva del gasto en alquileres de locales destinados a dependencias municipales, “un modelo de gestión que supone un gasto superior a los 240.000 euros anuales para las arcas públicas”, afirmó Bárbara Soler, portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

En palabras de Soler, gran parte de estos contratos de arrendamiento se arrastran desde hace años, mientras existen numerosos espacios municipales que se mantienen cerrados: “esta elección evidencia una gestión ineficiente, sin planificación y completamente ajena a cualquier criterio de ahorro, racionalización del gasto público y aprovechamiento del patrimonio municipal”. 

La respuesta del equipo de gobierno fue que no existe ningún espacio municipal cerrado ni infrautilizado porque todos están “en uso, en proceso de definición de uso, con expedientes administrativos en tramitación, con proyectos redactándose, con licitaciones en curso o con obras ya ejecutándose”, lo que la portavoz calificó como “rotundamente falso, a no ser que usar el Ayuntamiento viejo como almacén de los cabezudos lo cuenten como uso efectivo de un inmueble”.

Entre los edificios infrautilizados según los socialistas se encuentra el inmueble municipal de tres plantas de la calle Clemente Gosálvez, adquirido por más de 620.000 euros, del que solo se utiliza la planta baja. Soler aseguró que el expediente que se inició para su rehabilitación y que la presupuestó en 577.000 euros está metido en un cajón desde hace años. “Van a invertir más de 200.000 en acondicionar el local alquilado de al lado del que restarán dos años y medio de contrato cuando podamos entrar. Parece más razonable invertir en algo que ya es nuestro”. 

Con respecto a la parroquia del Salvador, los socialistas mostraron documentación en la que consta que varias concejalías solicitaron ese edificio para trasladar servicios. “Consta la necesidad. Consta el interés. Consta el destino público al adquirir. Lo que no consta es ningún proyecto. Se compra el edificio… y se cierra”. 

En relación con el inmueble de la calle Azorín, Soler mostró la respuesta recibida del Negociado de Patrimonio, encabezada por Domingo Paredes, que es precisamente quien defendió en pleno la postura de que todos los inmuebles estaban en uso. “Solicitamos acceso a cualquier expediente sobre su uso o su intención de uso o cualquier proyecto y la respuesta oficial es que solo existe el expediente de adquisición y una comunicación de 2018 por desprendimientos de fachada, que no hay ningún proyecto ni expediente sobre su rehabilitación”. 

Este edificio protegido por su valor histórico fue adquirido mediante permuta en 2011, y sigue sin uso más de una década después. “El Ayuntamiento viejo, absolutamente abandonado a su suerte, es otro ejemplo de un emblema torrevejense sobre el que hay que actuar con urgencia. La falta de actuaciones de conservación y rehabilitación es una dejación grave de las obligaciones municipales en materia de protección del patrimonio que provoca un deterioro progresivo que puede llegar a ser irreversible. No podemos ir a FITUR a vender el patrimonio y tener las Eras como las tenían o estos edificios como los tienen” reprocharon los socialistas. 

Por último, en relación con el proyecto anunciado como “Ciudad Administrativa” que el PP promocionó como un acuerdo para integrar el consistorio y el antiguo Ayuntamiento, así como otras dependencias cercanas, Soler aseguró que el Convenio firmado para ese proyecto no es más que un acuerdo con el Grado de Diseño de Interiores de la Universidad Politécnica de Madrid para renovar la segunda planta del Ayuntamiento actual. “Esto es lo que dice de forma literal el Convenio. La Ciudad Administrativa solo es un gran titular para una gran mentira que nos cuesta más de cincuenta mil euros”. 

Bárbara Soler culminó su intervención asegurando que el PP protege los intereses privados por encima de los públicos y que han mentido conscientemente a los ciudadanos: “la conclusión no tiene más vuelta de hoja: Ustedes han dicho que no había inmuebles sin uso. Los hay. Han dicho que había proyectos. No los hay. Han dicho que la ciudad administrativa estaba en marcha