La asesora podría haberse hecho pasar por otras trabajadoras sociales y haber intervenido incluso en expedientes de menores, según advirtieron, al menos, dos trabajadoras.
Estos hechos, que de resultar probados serían constitutivos de delito, fueron puestos en conocimiento del concejal de servicios sociales así como del Director General en agosto y en septiembre de este mismo año por parte de las trabajadoras sociales que podrían haber sido suplantadas, sin que el PP haya llevado a cabo actuación alguna, manteniendo en su puesto a la asesora.
Fue el partido socialista el que elevó preguntas a la sesión plenaria de septiembre y, posteriormente, a la de noviembre, a las que los populares solo contestaron que todavía no sabían de qué asesora se trataba -a pesar de que solo hay una en el área- y que no habían llegado a ninguna conclusión.
“Mienten”, asegura la concejal socialista Carol Ponce, que ha manifestado que en la primera quincena de agosto, una trabajadora social funcionaria desde hace más de treinta años en el equipo de menores en el Ayuntamiento de Torrevieja comunicó al concejal de servicios sociales y al Director General la injerencia de la asesora de bienestar social en un expediente de menores tomando decisiones que no le corresponden y llamando a un centro de salud para que le remitiesen informes médicos de un menor directamente a ella y no a la trabajadora social asignada. Esta trabajadora habría solicitado que se tomasen medidas pero, tras una reunión con los cargos mencionados, se le comunicó que la asesora iba a continuar en su puesto. La trabajadora se encuentra de baja prácticamente desde entonces.
Esta comunicación de la funcionaria, a la que habrían respondido ambos cargos, se encuentra en el expediente del menor en el que la asesora habría llevado a cabo las actuaciones mencionadas. El partido socialista ha solicitado el acceso al expediente pero el PP se lo ha denegado. “Se excusan en que la Dirección Territorial nos denegó el acceso por contener datos de menores, pero es falso. Puntualizamos posteriormente que solicitábamos acceso únicamente a ese documento y con los posibles datos de los menores anonimizados, una solicitud totalmente encuadrada en nuestro derecho a la información, pero el PP nos contestó diciendo que había dado orden para abrir una investigación y sigue sin darnos acceso” aclaraba Bárbara Soler, la portavoz socialista.
“En esa misma solicitud”, continúa la portavoz, “hicimos referencia a que íbamos a emprender las acciones judiciales que correspondieran para obtener acceso al documento solicitado en caso de denegación -como ha ocurrido- así como para poner los hechos en conocimiento de las autoridades pertinentes, tanto los atribuidos a la asesora como aquellos que pudieran sugerir un encubrimiento de los mismos por parte del PP. Ahí fue cuando comunicaron que iniciaban investigación, cuando son conocedores desde agosto y también otra trabajadora denunció hechos similares en septiembre mediante una instancia general. Lo han hecho únicamente porque se han visto forzados por el partido socialista”.
Los cargos de asesor -personal eventual del ayuntamiento- son designados por el alcalde para apoyar y asesorar en la gestión municipal, pero, en palabras de Ponce, “no para ejercer una profesión de la que se carece de titulación y competencias” e insiste en que “nadie entendería que un asesor de educación entrase a dar clases en un colegio sin ser profesor y lo mismo ocurre con el caso de la asesora del concejal Urtasun”.
Para Ponce, el asunto es grave no solo por la presunta suplantación de funcionarias en el ejercicio de sus cargos sino por las consecuencias que para los usuarios de los servicios sociales se hubieran podido derivar por la supuesta implicación en los expedientes de una persona sin las competencias ni los conocimientos necesarios para llevar a cabo dichas actuaciones. “Estas personas tienen derecho, tanto a saber si le contaron sus problemas y sus intimidades a alguien ajeno al servicio confiando en que era la profesional asignada, como a poder denunciar los hechos por ellas mismas”.
No obstante, en palabras de Soler, “el PP debía haber comenzado a investigar a fondo sobre la posibilidad de que usuarios del área hubieran podido resultar afectados por decisiones y actos llevados a cabo por la asesora, según las comunicaciones de las trabajadoras sociales, pero no solo no dio ni un paso en este sentido sino que desde el principio se ha molestado en reforzar la posición de esta persona”. Para la portavoz, una prueba indiscutible de ello es la comunicación que ayer emitía el PP en relación con la información desvelada por su compañera Carol Ponce; “a pesar de que no se ha investigado nada, todo el mundo es culpable menos su asesora; las trabajadoras sociales que se atrevieron a dar el paso, las primeras”. En dicha comunicación también se pone de manifiesto que la información ha trascendido a la opinión pública pese al deber de custodia de la misma, a lo que la portavoz ha contestado que “no ha trascendido ni un solo dato de los menores implicados, únicamente se han denunciado los hechos que las trabajadoras sociales pusieron en conocimiento de sus superiores y de los que existe constancia documental. Los únicos datos de los menores de los que disponemos nos los ha facilitado el propio PP en sus comunicaciones y nunca se ha hecho uso de ellos ni se hará”.
La portavoz ha finalizado asegurando que se ocuparán de que se depuren responsabilidades “pero no las que busca el PP” y ha insistido en que la denuncia pública se hace, precisamente, para proteger los intereses de los usuarios del área de bienestar social ante la inactividad en la investigación y el silencio cómplice. “Todo aquel que estuviera informado desde hace meses y que no haya actuado debe dimitir o ser cesado. No hay margen para más maniobras encubridoras. El propio alcalde era conocedor de las comunicaciones de las trabajadoras sociales y no vamos a conformarnos con una investigación interna que va más encaminada a una caza de brujas que a esclarecer los hechos. Tomaremos las medidas que sean necesarias”.
