La decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea que reduce los días de pesca a tan sólo 27 al año, hace inviable la supervivencia del sector pesquero en nuestra ciudad, que genera un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, siendo su valor social incalculable

En la tarde de ayer lunes, 31 de marzo, el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó, por motivos de urgencia, una moción presentada por la portavoz de Grupo Municipal Popular, Rosario Martínez Chazarra, de apoyo al sector pesquero en el marco de la tramitación del nuevo Reglamento Europeo sobre Política Pesquera Común (PPC). Una moción que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento (PP, PSOE, VOX y Sueña Torrevieja). 

La justificación de la urgencia se sustenta en que se está llevando a cabo por parte de la Comisión Europea el proceso de participación pública del texto sobre el reglamento de la PPC, cuyo plazo de presentación de propuestas por parte de los organismos administrativos de los Estados Miembros vence el próximo 21 de abril de 2025. 

El sector pesquero tiene una importancia socioeconómica fundamental en Torrevieja. Es un sector esencial y estratégico por su importancia alimentaria, fuertemente arraigado en nuestra historia como ciudad, y con gran vinculación entre muchísimas generaciones de torrevejenses, formando parte del paisaje y la actividad económica de nuestro municipio.

La última reforma de la Política Pesquera Común de 2013 tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de la pesca de la Unión desde los puntos de vista medioambiental, económico y social.

Se ha producido una reducción muy importante del esfuerzo de pesca, cercana al 40 % de los días, además de la imposición de otras medidas complementarias como mejora de selectividad, vedas espaciales y temporales, entre otras. En 2024 la flota Pesquera Costera Artesanal de la Comunitat Valenciana capturó un 25% más que en el año anterior. Se pasó de 15.000 t por valor de 81,1 millones de euros en 2023 a 19.035 t por valor de 94,3 millones en 2024, siendo importante el grado en el que la lonja de Torrevieja ha contribuido a la obtención de estos valores de capturas.  

A pesar de estas cifras, en nuestro municipio las embarcaciones están en situación crítica tras las últimas decisiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea que reduce los días de pesca a tan sólo 27 al año. Esta medida hace inviable la supervivencia del sector pesquero en nuestra ciudad, que genera un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos, siendo su valor social incalculable.

La pesca Mediterránea, además de ser un importante activo económico, turístico, cultural y gastronómico de nuestro municipio, tiene también un importante valor ecológico y medioambiental en nuestro mar, ya que sólo el año pasado los pescadores de la Comunitat Valenciana recogieron 150.000 toneladas de basura, principalmente plástico, del Mar Mediterráneo.

Por todo ello, se acordó en sesión plenaria a que, por el órgano competente, se inste al Gobierno de España a solicitar a la Comisión Europea:

-El aumento del número de días de pesca, dado que con 133 jornadas ha sido posible aumentar un 25 % las capturas.

-Mejorar la transparencia a la hora de definir los criterios para seguir pescando, ya que la captura de cerca de 200 especies no puede depender de los criterios que se fijan para una sola, tal y como sucede en la actualidad con la merluza.

-Mejorar y ampliar los criterios para determinar cuál es el stock real de pesca disponible de todo el grupo de diferentes especies.

-Que se tenga en cuenta al sector a la hora de tomar decisiones importantes, y que se haga en tiempo y forma. No es posible que cada año su forma de vida se cambie radicalmente con una decisión política en el mes de diciembre y sin previo aviso. Los procesos de modificación del número de días de faena deberían hacerse públicos de manera anticipada, y el período regulado debería ser decenal o quinquenal, porque la pesca es también una actividad empresarial, y debe tener la misma previsión que el resto de las actividades económicas.

-Que los márgenes de cambio sean intervalos reducidos, con cambios máximos del 5 al 10% anual y que no sean como en la actualidad con una reducción del 70%, aplazándose el horizonte para alcanzar el rendimiento máximo sostenible más allá del 2030.

-Que se elimine la obligación de desembarque del pescado no apto para su comercialización, ya que esta media estaba pensada para las pesquerías del Atlántico y no del Mediterráneo.

-Y que el asesoramiento interno de la comisión de pesca sobre el Mediterráneo se lleve a cabo por científicos especializados en el Mediterráneo.

La nueva ordenanza tiene en cuenta las instalaciones ya existentes asís como las nuevas que se pretendan instalar en la ciudad de Torrevieja

La ordenanza pretende minimizar, en la medida de lo posible, la ocupación, los conflictos y el impacto urbanístico, medioambiental y visual que su implantación pueda producir, garantizando la aplicación de la normativa estatal y autonómica correspondiente

El Pleno Ordinario celebrado en la tarde de hoy lunes, 31 de marzo,  ha aprobado inicialmente con los votos a favor del Partido Popular, VOX y Sueña Torrevieja, y la abstención del Grupo socialista, la Ordenanza sobre Instalaciones de Telecomunicaciones, teniéndose en cuenta tanto las que ya se encuentran instaladas, como las nuevas que se pretendan instalar en la ciudad de Torrevieja.

Esta nueva ordenanza tiene por objeto regular las condiciones técnicas de ubicación, implantación, mantenimiento y operación de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en el municipio de Torrevieja, con el fin de compatibilizar adecuadamente la funcionalidad de los equipos que integran dichas instalaciones con la utilización por los usuarios, con los niveles de calidad de servicio requeridos y con las exigencias de preservación del paisaje urbano y natural.

La ordenanza pretende minimizar, en la medida de lo posible, la ocupación, los conflictos y el impacto urbanístico, medioambiental y visual que su implantación pueda producir, y garantizando la aplicación de la normativa estatal y autonómica correspondiente, en sus aspectos preventivos, de salubridad y de protección del medio ambiente.

La proliferación de despliegues de redes de telecomunicación en ámbitos municipales, en  especial los de fibra óptica, que en paralelo con redes antiguas preexistentes superponen nuevos cableados en postes y fachadas, precisan de una regulación municipal propia y adicional a la existente en ámbitos de gobiernos superiores, que permita el desarrollo de un servicio de mejor calidad, competitividad, seguridad, salubridad y continuidad para los usuarios, abriendo el municipio a oportunidades relacionadas con estas nuevas tecnologías que surgen de manera rápida y cambiante.

Para la redacción de esta ordenanza, se ha hecho un gran trabajo y esfuerzo por parte de los técnicos municipales del Departamento de Infraestructuras y Servicios junto con expertos en Telecomunicaciones, para conseguir llegar a todas y cada una de las posibles situaciones de este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta en todo momento las normativas vigentes de aplicación.

La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en su Artículo 3. Objetivos y principios de la ley, el apartado a), se refiere a fomentar la competencia efectiva y sostenible en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al máximo los intereses y beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios, variedad de elección e innovación, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, (…)

Ahora bien, partiendo de los objetivos de una Ley Estatal que es de rango superior a cualquier Ordenanza municipal y que además estamos hablando de la instalación de un servicio esencial para los ciudadanos, cabe destacar que el Gobierno no ha desarrollado por Orden Ministerial el contenido mínimo de los planes de despliegue ni la reglamentación para la ocupación de infraestructuras de telecomunicaciones de titularidad municipal, de modo que la Ordenanza que hoy se debate aquí, dentro de los límites legales, trata de paliar la falta de concreción legal que ha generado esta Ley Estatal.

El gobierno en el año 2022 aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, otorgando derechos y obligaciones, pero sin regular los procedimientos, y la clave de todo esto es la controversia entre el derecho a todos los operadores a desplegar en igualdad de condiciones y las restricciones de espacio físico disponible para un despliegue ordenado y seguro.

Esta ordenanza se ha dividido en diferentes capítulos, de los cuales cabría

destacar: 

LOS NUEVOS DESARROLLOS, IMPLANTACIONES Y/O DESPLIEGUES, O

RENOVACIÓN DE LOS EXISTENTES.

Dentro de las INFRAESTRUCTURAS EN EL DOMINIO PÚBLICO, se contemplan las Infraestructuras Radioeléctricas que, en general, se podrán instalar tras la obtención de la preceptiva Licencia Municipal, buscando siempre que se adapten al entorno urbano, integrándose armónicamente en el paisaje urbano, 

sin generar peligrosidad y no entorpeciendo el tránsito.

Se regulan en la presente ordenanza, las Infraestructuras Cableadas sobre Postes, que en general no se permitirán los tendidos de cableados aéreos apoyados sobre postes, salvo que se justifique la imposibilidad de realizar un despliegue subterráneo.

Otro apartado que se estudia en profundidad dentro de esta Ordenanza es el de las Infraestructuras Cableadas sobre Fachada, donde se regulan tanto los Nuevos cableados de telecomunicaciones sobre fachadas como los Cableados ya existentes en fachadas. También se regulan los Cruces aéreos entre fachadas o de fachada a poste. El carácter de estos cruces se considerará provisional, debiendo ser desmontados como máximo transcurrido un año desde su instalación. Así como las Transiciones de fachada a subterráneo.

Por último respecto al Dominio Público, también se contemplan en esta ordenanza las Infraestructuras Cableadas Subterráneas y/o Superficiales, donde se destaca el uso compartido de las infraestructuras de telecomunicaciones mediante acuerdos entre operadores o en caso de falta de acuerdo, la ubicación compartida podrá ser impuesta de manera obligatoria a los operadores que hayan ejercido el derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada, según el Artículo 46.2 de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones.

EN CUANTO A LAS INFRAESTRUCTURAS EN DOMINIO PRIVADO: 

En edificios y viviendas privadas, se deberá cumplir con los requisitos y condiciones de la presente ordenanza como la instalación de antenas receptoras o de radiocomunicación, sistemas radiantes transmisores/receptores tanto en cubiertas de edificios como en fachadas, así como el tendido del cableado.

Los siguientes CAPÍTULOS de esta nueva ordenanza para regular las Instalaciones de Telecomunicaciones se refieren al Régimen Sancionador, a la tramitación de las Licencias para estas instalaciones, también al Mantenimiento y operación de las infraestructuras y a la creación de un Registro Especial de operadores que hayan obtenido las correspondientes licencias municipales.